MÁLAGA.- La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación iniciadas a raíz de las declaraciones sobre la homosexualidad realizadas por el cardenal español Fernando Sebastián.
Así, aunque estima que las manifestaciones son "muy desafortunadas",
señala que no suponen una infracción penal y que están amparadas en el
derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa.
El ministerio público incoó a principios del mes de febrero estas
diligencias para esclarecer si dichas declaraciones eran constitutivas
de infracción penal, tras la petición realizada por la Confederación
Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colegas.
Sebastián dijo en una entrevista en un periódico que la
homosexualidad "es una manera deficiente de manifestar la sexualidad" y
apuntó que "señalar a un homosexual una deficiencia no es un ofensa, es
una ayuda, porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar, se
pueden normalizar con un tratamiento adecuado".
Antes estas manifestaciones, Colegas registró un escrito ante la Fiscalía malagueña en el que pedía que se llevara a cabo una investigación,
al considerar que las manifestaciones "vulneran claramente el artículo
510 del Código Penal, en tanto que son manifestaciones en las que se
incita al odio y a la violencia".
Ahora, el ministerio público acuerda el archivo de las
diligencias, ya que no ve en la conducta denunciada infracción
constitutiva de delito, aunque califica de "muy desafortunadas" y
erróneas dichas manifestaciones. En el decreto, la fiscal que ha
estudiado la denuncia analiza dicho articulo del Código Penal y los
distintos derechos que entran en conflicto en este caso.
Así, en dicha resolución concluye que las manifestaciones "no
tenían en absoluto como finalidad la difusión de un discurso de odio,
según se desprende del tono, contenido y contexto de la misma", por lo
que no tiene encaje en el primero de los apartados del artículo del
Código Penal citado.
Por otro lado, el ministerio fiscal sí hace constar en su escrito
que con las manifestaciones realizadas sobre un posible tratamiento de
la homosexualidad "está distanciándose de la postura científica
sostenida al respecto por la mayoría de los organismos internacionales".
En este sentido, estima que "no sólo yerra en sus declaraciones
sino que es entendible que el colectivo pueda sentirse ofendido, dado
que equiparar, como hace, una enfermedad como la hipertensión con la
homosexualidad supone señalarlos como enfermos con las evidentes
connotaciones negativas y de estigmatización que tendría dicha
afirmación"; además, añade que esto puede causar un "lógico desasosiego"
a los homosexuales que profesen la fe católica.
Sin embargo, "que en sus manifestaciones el denunciado incurra en
error y pueda causar ofensa no le hace automáticamente responsable de
delito", apuntando que no se ve que la pretensión fuera dar una
información o "certeza científica", sino opinión. Así, considera que las
expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión
"por carecer de la gravedad o intencionalidad necesarias para entender
lesionado el derecho al honor".
Además, recuerda que Sebastián utiliza palabras
como "respeto, acogida y afecto" y expresiones como "con todos los
respetos" o "esto no puede ser ultraje para nadie", de lo que "se
desprende que por muy desafortunadas que sean las palabras emitidas ni
se tenía intención de que las mismas podrían resultar ofensivas para el
colectivo afectado ni, en ningún caso, había ánimo de ofender al
prójimo".
Por último, pero también importante, se considera que "cuando el
entrevistado contesta a las preguntas sobre la homosexualidad lo hace
explícitamente dentro del magisterio de la Iglesia", aludiendo la fiscal
en este punto al catecismo y a expresiones como que los actos
homosexuales son "contrarios a la ley natural", que "no pueden recibir
aprobación en ningún caso" y a una "inclinación objetivamente
desordenada".
"Desde el momento en que el catecismo de la Iglesia Católica,
aunque lógicamente no tenga que ser compartido por nadie, es un libro
protegido por la legislación española que permite su publicación y
difusión por cualquier medio a pesar de que hable de los actos
homosexuales como 'contrarios a la ley natural e intrínsecamente
desordenados', deberá como legítima consecuencia permitirse que quien
profese dichas creencias las refiera o enuncie públicamente", dice el
decreto.
En caso contrario, señala la fiscal, "estaríamos menoscabando
gravemente su derecho a la libertad religiosa".
"Mientras el Estado
proteja y ampare la difusión de los preceptos de las religiones
reconocidas tendría que respetarse también a quien se limite a
enunciarlas en alta voz, sea cual sea la difusión que tengan sus
palabras", ha concluido la Fiscalía.
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