LA PAZ.- La creación de una comisión que 
oriente sobre la pederastia y que esté abierta a conocer posibles casos 
de abusos sexuales de sacerdotes a menores en Bolivia es para la Iglesia
 católica boliviana parte de un "periodo de purificación" por el que es 
preciso atravesar.
"Si bien en Bolivia los casos han 
sido pocos, eso no nos exime de crear estas instancias que nos ayudarán a
 resolver estos problemas", dijo el secretario
 general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Aurelio Pesoa.
El purpurado mencionó que es preciso "correr el riesgo" y
 profundizar en el problema, para que luego la Iglesia pueda hablar con 
"mayor propiedad" sobre posibles abusos y tenga una voz que "pueda 
orientar" a sus ministros.
El Episcopado boliviano 
anunció a finales del mes pasado que conformaría una "comisión nacional"
 con el propósito de investigar, orientar y prevenir casos de abuso 
sexual.
Consultado al respecto, Pesoa admitió que "no 
es fácil" identificar a los integrantes de esa instancia y deberán tener
 conocimientos jurídicos, principalmente del Derecho Canónico, y 
psicológicos, además de que tendrán que ser personas "discretas" y 
altamente "responsables".
"Uno de los temas que nos 
han recomendado (desde la Santa Sede) es cuidar siempre al que ha sido 
agredido o al que ha sido abusado", precisó.
La 
Conferencia Episcopal de Bolivia se ha propuesto realizar esa 
designación hasta fines de este mes o principios de mayo, de forma que 
comience a elaborar protocolos y orientaciones a los obispos y de manera
 que luego cada jurisdicción eclesiástica pueda crear otras instancias 
que puedan recibir denuncias de abusos.
Los casos más 
conocidos de abusos en Bolivia fueron el del sacerdote Eduardo Revich en
 2007, del cura uruguayo Juan José Santana ese mismo año y del 
presbítero José Mamani en 2009, todos acusados de abusar de niños que 
vivían en internados rurales que dirigían.
Revich se 
suicidó tras saber que fue sentenciado, en cambio Santana fugó a su país
 luego de que hacerse públicas las denuncias en su contra, mientras que 
Mamani es el único que cumple una condena de 22 años de reclusión.
"Hasta
 ahora no han habido (más) situaciones denunciadas como tal. Eso no 
quiere decir que no hayan habido o que no hayan (más)", manifestó el 
obispo.
Sin embargo, abogados y fiscales que han 
conocido los casos de Prebich y Santana han lamentado que la Iglesia no 
haya tomado contacto con las víctimas para colaborarlas mientras duraron
 esos procesos.
Por otro lado, Pesoa señaló que 
actualmente una orden religiosa investiga la denuncia contra un jesuita 
español ya retirado, acusado por abusar a varios niños en la década de 
2000.
El caso se conoció este año cuando un 
exreligioso fundó su acusación en base a una serie de fotografías en las
 que el religioso, hoy octogenario, aparece tocando partes íntimas de 
niños y niñas entre los 6 a 12 años.
Una fuente que 
vivió junto al acusado en la década de 1990 y que recientemente conoció 
esas imágenes, quien pidió el anonimato, dijo que esos actos 
sucedieron aparentemente en la habitación del supuesto agresor y en un 
cuarto de huéspedes de una comunidad jesuita en la región boliviana de 
Santa Cruz.
También este año la Justicia encarceló de 
forma preventiva a un sacerdote acusado por abuso deshonesto contra 
adolescentes en la región occidental de Potosí.
"Creo 
que es saludable", que algunos casos se sepan, "porque es un periodo de 
purificación y estas cosas nos ayudarán a (tener) un compromiso mayor", 
aseguró Pesoa.
El prelado destacó que los salesianos, 
franciscanos y jesuitas cuenten con un protocolo para abordar estos 
problemas, pero también consideró que "es poco" si se considera que las 
congregaciones religiosas, entre masculinas y femeninas, son alrededor 
de sesenta en Bolivia.
"Creo que irán apareciendo (más
 denuncias), ojalá no sean como los que hemos sabido que han ocurrido en
 otros países", finalizó el secretario general.
En 
países como Estados Unidos y Chile son muchos más los casos 
investigados, ya que la Fiscalía chilena investiga a 219 religiosos por 
supuestos abusos sexuales contra 241 víctimas, algunas menores, mientras
 que la Iglesia católica estadounidense desembolsó más de 4.000 millones
 de dólares por demandas a decenas de sacerdotes. 
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