CIUDAD DEL VATICANO.- En la línea de poner orden en las finanzas vaticanas, el Papa Francisco ha incorporado a un veterano economista italiano como «número dos» de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que gestiona inmuebles y cartera por valor de unos 500 millones de euros, adjudica los contratos de suministro de bienes y servicios, y realiza el pago de los sueldos a los empleados de la Santa Sede.
Fabio Gasperini, economista por la Universidad La Sapienza de Roma, llega con 25 años de experiencia en la consultora Ernst Young (EY) en Italia, donde dirigía una de sus divisiones. Es especialista en servicios financieros, gestión de patrimonios y mercados de capitales.
Francisco ha hecho una nueva excepción a las leyes de la Santa Sede, según las cuales el cargo de secretario de la APSA, en la práctica el «número dos», corresponde a un prelado. Desde hace un par de años, el cargo de presidente, que por ley corresponde a un cardenal, lo desempeña un arzobispo, Nunzio Galantino, antiguo secretario general de la conferencia episcopal italiana.
El pasado mes de noviembre, el Papa nombró prefecto de la secretaria de Economía -cargo que corresponde a un cardenal- a un jesuita español, Juan Antonio Guerrero, que no será nombrado obispo, según declaro el propio interesado. La secretaría de Economía se ocupa de supervisión de balances y control contable.
Desde hace años, las finanzas vaticanas piden a gritos más profesionalidad pero, sobre todo, más transparencia, pues el patrimonio se gestiona con opacidad absoluta y desde 2016 ya no se publican ni siquiera los escuetos balances de gestión que informaban cada año de los respectivos resultados de la Santa Sede, crónicamente deficitaria, y del Estado Vaticano, que pasará ahora a serlo debido al largo cierre de los Museos Vaticanos.
En este panorama opaco se ha producido el escandalo de la inversión en un inmueble de lujo de Londres que ha llevado a la suspensión, en octubre de 2019, de cuatro cargos de la Secretaría de Estado y del entonces director de la Agencia de Información Financiera, ya sustituido.
La compra especulativa del antiguo edificio de Harrods en el número 60 de Sloane Avenue no fue una inversión de la APSA sino, curiosamente, de la Secretaría de Estado, cuyos fondos reservados ascienden a unos 700 millones de euros según la prensa económica italiana.
El caso ha llevado al arresto, el pasado 5 de junio, del broker italiano afincado en Londres Gianluigi Torzi, acusado de extorsión -nada menos que 15 millones de euros-, apropiación indebida, estafa agravada y autoblanqueo de dinero. Torzi continuará en detención preventiva en los calabozos del Vaticano mientras los fiscales interrogan a los otros indagados y sospechosos.
El pasado uno de junio, el Vaticano dio el primer paso hacia la transparencia en concursos de contratos públicos de obras, suministros y mantenimiento, adjudicados tradicionalmente «a dedo».
Las nuevas «Normas sobre la transparencia, el control y la competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado Ciudad del Vaticano», se quedan muy por debajo de las normas europeas para administraciones públicas. Pero, al menos, entregan a solo dos organismos -la APSA de la Santa Sede y la Gobernación del Estado del Vaticano-, las adjudicaciones de contratos que antes hacían sesenta o setenta organismo como «reinos de taifas».
El presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Pignatone, aseguró que la normativa permitirá «realizar ahorros notables» y manifiesta «un empeño renovado y decidido contra el riesgo de corrupción».
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