miércoles, 9 de diciembre de 2015

Moneyval reconoce "los esfuerzos" del Vaticano contra la ilegalidad financiera

CIUDAD DEL VATICANO.- El comité Moneyval, formado por expertos del Consejo de Europa, reconoció en un informe "los esfuerzos" de la Santa Sede para la prevención de delitos financieros, informó este miércoles El Vaticano. 

Se trata de un paso importante para que la Santa Sede y El Vaticano sean incluidos en la "lista blanca" de Estados virtuosos por el respeto de la transparencia financiera, objetivo impulsado por el papa Francisco y por su predecesor, Benedicto XVI.
Se trata del segundo informe sobre la situación financiera del Vaticano después del aprobado en diciembre del 2013.
El comité Moneyval tiene la responsabilidad de evaluar las medidas adoptadas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El Vaticano pidió en 2011 a Moneyval que participe en el proceso de evaluación.
El segundo informe recalca "los esfuerzos en curso" para "fortalecer su estructura institucional, jurídica y operativa", indicó la Santa Sede en un comunicado.
Según monseñor Antoine Camilleri, subsecretario para las Relaciones con los Estados, el informe, que será oficialmente publicado el jueves, confirma que la Santa Sede "tiene un sistema operativo, eficiente y sostenible, para prevenir y luchar contra los delitos financieros".
Una serie de escándalos financieros por el lavado de dinero a través del banco del Vaticano sacudieron el pontificado de Benedicto XVI, quien renunció en 2013. Su sucesor, el argentino Francisco, impulsó el proceso para la aplicación de las normas internacionales en El Vaticano sobre los procedimientos financieros.
En 2011, El Vaticano había pedido a Moneyval que evaluara la situación financiera, lo que desembocó en un informe divulgado en diciembre de 2013.
En esa ocasión, Moneyval subrayó la persistencia de algunas deficiencias, sobre todo en el control de las operaciones del Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el banco del Vaticano. La Santa Sede tenía desde entonces dos años para mejorar las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del comité de expertos.

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