MONTSERRAT (España).- Los turistas y fieles que visitaban la Abadía de Montserrat un soleado
domingo de febrero parecían prestar poca atención a dos hombres con
pancartas que pedían la secularización del abad por encubrir abusos
sexuales en la poderosa institución.
Pero los dos hombres, que afirman haber sido abusados sexualmente en
la infancia, se están haciendo escuchar dentro y fuera de España por la
presión a la que está sometida la Iglesia católica, a la que se le exige
esclarecer los casos de abusos del clero.
El Vaticano celebrará
una cumbre histórica de obispos de todo el mundo, expertos y cabezas de
órdenes religiosas, del 21 al 24 de febrero para hacer frente a la
crisis de abusos sexuales.
Miguel Hurtado, un psiquiatra infantil
catalán de 36 años con residencia en Londres, inició una petición en la
plataforma Change.org para extender significativamente los plazos de
prescripción de delitos de abuso sexual contra menores hace casi tres
años, y desde entonces ha superado las 520.000 firmas.
El
presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que adelantó las
elecciones generales para el 28 de abril, dijo que estudiaría la
propuesta y actuaría para prevenir este tipo de crímenes.
En
España, uno de los países con mayor tradición católica, los activistas
estiman que hay miles de casos silenciados por la Iglesia que podrían
empezar a salir a la luz a partir de ahora.
“En mi caso lo más duro no fueron los abusos, fue el encubrimiento”, dijo Hurtado.
Hurtado
declaró que el abad, Josep María Soler (en la imagen con el Papa), había silenciado durante más de
20 años los abusos sexuales que sufrió por parte del Hno. Andreu Soler
cuando se unió a los 16 años a los Scouts que el monje al que acusa
dirigía.
El monje, que compartía apellido con el abad pero no eran familiares, falleció en 2008.
Hurtado
dijo que su abusador, 50 años mayor que él, tocó sus genitales con la
excusa de decirle que la masturbación era algo malo que nunca tenía que
hacer, y que incluso intentó besarle con lengua en una ocasión, dejando
al Hurtado adolescente “petrificado, sin saber qué hacer”.
La
Abadía dijo en un comunicado de prensa el mes pasado que el abad no supo
de estas acusaciones hasta que ocupó el cargo, en el año 2000, y que se
decidió pagar en 2003 la cantidad de 8.600 euros a Hurtado
para sufragar los costes de la terapia y aquellos derivados de la
contratación de una abogada.
La institución prometió “actuar con
total transparencia” y pidió “perdón por todo aquello en que no haya
sabido estar a la altura de las expectativas”, añadiendo que siempre
había actuado para ayudar a Hurtado.
La Abadía liderada por
Soler denegó hacer declaraciones sobre la demanda de
secularización del abad por parte de Hurtado. También rechazaron una solicitud para entrevistar al abad.
El abad de la
congregación, el mismo día en el que Hurtado protestaba, pidió perdón a
todas las víctimas en una misa y aseguró que “los abusos sexuales a
menores por parte de personas consagradas a Dios nos duelen
profundamente porque traicionan la confianza que habían puesto en
ellos”.
El monje, que “siempre mantuvo una versión diferente de
los hechos”, fue trasladado “por precaución” al monasterio “El Miracle”,
en el interior de Cataluña, donde no tuvo contacto con menores.
Desde
que Hurtado hizo público su testimonio en enero, otros ocho hombres han
denunciado en medios españoles haber sido abusados por el mismo monje.
El hombre colocado al lado de
Miguel Hurtado el día de la concentración contra el abad de Montserrat,
es el británico Pete Saunders, quien sostenía una pancarta en la que se
podía leer “Montserrat: Transparencia y Responsabilidad”.
Saunders,
fundador de la británica Asociación Nacional para las Personas Abusadas
en la Infancia, formó parte de la Comisión para la Protección del Menor
del Vaticano que el Papa Francisco estableció tres años antes, pero
decidió abandonarla en 2017.
“El Vaticano espera que nos
rindamos y les dejemos hacer, pero eso no va a ocurrir”, dijo, añadiendo
que dudaba de la sinceridad del Papa respecto a su “tolerancia cero” en
los casos de abusos y encubrimientos al haber aceptado la readmisión de
monjes acusados de estos delitos.
La Iglesia ha sido criticada
en numerosas ocasiones por el tratamiento a la crisis de abusos
sexuales, que hizo público el modus operandi de trasladar a clérigos
depredadores de menores a otros centros en vez de ser secularizados o
puestos en manos de las autoridades ordinarias.
Pero parece que
hay algunos cambios en la Iglesia española. El 12 de febrero, la
Conferencia Episcopal Tarraconense pidió disculpas a las víctimas de
abusos y el pasado mes de noviembre el obispo Gil Tamayo dijo que había
habido un “silencio cómplice” por parte de la Iglesia en los casos de
abusos.
El gobierno socialista español aprobó en el último Consejo de
Ministros de 2018 el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral
a la Infancia y la Adolescencia, que pretende extender la prescripción
de los abusos 12 años. Pero aún no ha sido remitida al Congreso.
Miguel
Hurtado, que será una de las 12 víctimas en reunirse con el Comité
Organizador del Vaticano, señala que el abad de Montserrat
debería haber denunciado su caso a la policía cuando los abusos no
habían prescrito en vez de “pagarme por mi silencio”.
Hurtado
afirmó haber devuelto todo el dinero que le fue entregado en 2015 tras
conocer que la editorial de la Abadía había publicado un libro en honor a
su abusador en 2007.
La Abadía, por su parte, confirmó la
devolución del dinero y dijo que este se donó a distintas ONG. El abad
se disculpó por el libro y se retiró del catálogo ese mismo año.
Bajo
la legislación española, los abusos sexuales son tratados como delitos
leves, dando a la víctima hasta 5 años desde la mayoría de edad para
denunciar. Las víctimas de los abusos considerados como más severos, en
los que ha habido penetración, cuentan con 10 años más para denunciar
sin que prescriba el delito.
En este último grupo de víctimas se
encontraría Teresa Conde, una profesora de filosofía de Salamanca que
declaró haber sido violada por un sacerdote y director de
colegio 30 años mayor desde que tenía 14 años. Las agresiones se
prolongaron durante casi tres años.
“El
violador fue impune entonces y los encubridores son inmunes ahora”,
dijo Conde, que no fue capaz de contar a su familia lo que había sufrido
hasta los 42 años por el trauma con el que convivía.
Conde
señaló haber sido educada como mujer en la sumisión al hombre y la
autoridad y no haber comenzado a vivir plenamente hasta que su abusador
murió, hace tres años.
El Padre Daniel García, ministro de la
provincial norte de la orden de los Trinitarios en España, corroboró
su historia, añadiendo que el sacerdote reconoció que las
acusaciones eran ciertas.- (REUTERS)
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