CIUDAD DEL VATICANO.- La primera audiencia del llamado caso "Vatileaks2", por
la revelación y publicación de documentos reservados, comienza hoy en
el Tribunal del Vaticano y se sentarán en el banquillo cinco personas,
entre ellas el sacerdote español Lucio Vallejo Balda y dos periodistas.
Se trata del tercer juicio que se celebra en el Estado pontificio después del primer caso "Vatileaks" contra el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por los mismos delitos en 2012.
Además el 15 de julio de 2015 se celebró una primera audiencia contra el exnuncio de República Dominicana Josef Wesolowski, de 67 años, acusado de pederastia, pero que no se presentó al estar hospitalizado y murió antes de que se reiniciase de nuevo el proceso.
La
primera vista de este nuevo proceso, en el que por primera vez se
juzgará a un sacerdote y a dos periodistas, ha sido fijada a las 10.30
locales (09.30 GMT) y se celebrará en la única sede judicial del Estado
de la Ciudad del Vaticano.
Los imputados son Vallejo Balda,
arrestado desde el 1 de noviembre, y que fue secretario de la extinta
Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de
la Santa Sede (COSEA), de la que proviene la mayor parte de los documentos difundidos.
También
se sentarán en el banquillo la relaciones públicas italiana y exmiembro
del COSEA Francesca Chaouqui, que fue arrestada con el español y puesta
posteriormente en libertad; el excolaborador de dicho organismo Nicola
Maio y los periodistas que han publicado los documentos en sendos libros
Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
El juicio comienza sin que
se conozcan los abogados de las cinco partes, ya que el Vaticano exige
que sean letrados autorizados a ejercer en su territorio que son en
total 88, y se han rechazado las peticiones de las defensas de confianza
tanto de Vallejo como de Chaouqui a pesar de que habían seguido toda la fase de instrucción.
Los
dos periodistas han criticado que su situación supone un ataque a la
libertad de prensa y que mientras que Italia recoge este principio en el
artículo 21 de su Constitución, las leyes vaticanas no estipulan este
derecho.
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos.
En
detalle, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por
papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de "procurarse
ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida
la divulgación".
El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros.
En
el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés
fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado
se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión".
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